05/03/2016 9:16:18El Ministerio Público Federal (Fiscalía) asegura tener "indicios" y "evidencias" "consistentes y contundentes" de que Lula fue uno de los principales responsables de la red de corrupción que operó en la estatal PetrobrasLa imagen de defensores y detractores del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva tomándose a golpes de puño frente a la casa del ex mandatario en momentos en que éste era llevado por la policía a declarar bajo sospecha de delitos de corrupción ilustra la creciente división que asola a Brasil. La batalla campal en la que tuvo que intervenir varias veces la policía tuvo lugar frente a la residencia de Lula en Sao Bernardo do Campo, en el interior de Sao Paulo, donde a las seis de la mañana se presentaron diez agentes de la Policía Federal, en cuatro vehículos, para llevarlo a declarar en forma coercitiva. El Ministerio Público Federal (Fiscalía) asegura tener "indicios" y "evidencias" "consistentes y contundentes" de que Lula fue uno de los principales responsables de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, que se enriqueció a través de la trama ilegal y que favoreció además a sus familiares y su Partido de los Trabajadores (PT). La acción expuso la brecha que separa cada vez más a los brasileños. Pero la división política y social del gigante sudamericano no comenzó el viernes ni se limita a los "amigos" y "enemigos" del ex tornero mecánico que en 2003 se convirtió en el primer presidente obrero de Brasil. Ya la elección de 2014, en la que su sucesora y ahijada política Dilma Rousseff conquistó la reelección, mostró un Brasil divorciado. La mandataria venció al socialdemócrata Aécio Neves por una diferencia de cerca de tres puntos porcentuales, en lo que fue la contienda electoral más reñida de la historia reciente del país. Juristas, profesores de derecho e incluso un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) cuestionaron hoy la acción policial, en especial la "conducción coercitiva" de Lula, recurso utilizado, afirman, cuando la persona no atiende a una citación para declarar, algo que nunca ocurrió con Lula. Citado por "Folha", el magistrado de la más alta corte del país Marco Aurélio Mello fue contundente al cuestionar la decisión del juez Sérgo Moro, quien encabeza las investigaciones en torno al caso Petrobras, de ordenar esa medida contra Lula. "¨Conducción coercitiva? Yo no lo comprendí", afirmó. Agregó que solo se conduce de esa manera "cuando el ciudadano se resiste y no comparece a declarar. Y Lula no fue intimado", apuntó. "No se avanza atropellando reglas básicas", enfatizó. Similar opinión emitió el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Sao Paulo Pedro Estevam Serrano. En una columna publicada en el portal de "Folha", Serrano fue contundente: "Más política que jurídica, la intimación coercitiva de Lula fue ilegal". "La intimación coercitiva de Lula fue totalmente ilegal e inconstitucional bajo cualquier ángulo que se entiendan nuestros textos constitucional y legal", aseveró. En otro frente, la Asociación Paulista del Ministerio Público (APMP) emitió un comunicado en el que apoyó a los fiscales que llevan adelante investigaciones relacionadas con la operación Lava Jato, que trata el caso Petrobras. Según la APMP, la acción "posibilitó que, una vez más, nuestro poder de investigación pudiera ser ejercido de forma republicana e impersonal, trayendo a la sociedad brasileña la certeza de que la madurez e independencia de las instituciones brasileñas garantizan a su pueblo la plena democracia". También la Asociación Nacional de los Fiscales de la República defendió el operativo, en el entendido de que sus pares actuaron "nuevamente de acuerdo con la más rígida y cuidadosa observancia de los preceptos legales, sin violencia o falta de respeto a los investigados". Según explicó el comisario Igor Romário de Paula, coordinador de las investigaciones, el juez Moro recurrió al mecanismo de la conducción coercitiva para garantizar la seguridad de Lula y sus familiares y evitar que se produjeran tumultos. La división entre pros y contra la acción policial, obviamente, tomó también la arena política. Mientras que el presidente nacional del PT, Rui Falcao, calificó la operación como "política, mediática y 'policialesca'", el presidente del principal opositor del Gobierno, el senador socialdemócrata Neves, dijo que continuará "apoyando las investigaciones" que traen "a la luz, por fin, los graves indicios de irregularidades y los delitos cometidos a la sombra del proyecto de poder del PT. "Brasil merece saber la verdad", expresó el senador. Las redes sociales, a su vez, hirvieron en mensajes de apoyo y críticas al operativo policial, al PT y a Lula. Grupos favorables al ex mandatario convocaron a una movilización para el 18 de marzo, en defensa del Gobierno de Rousseff y en contra de lo que califican de "intentos golpistas" de las élites brasileñas. Defensores de la destitución de la presidenta, reforzaron a su vez la convocatoria para una movilización nacional que ya estaba prevista para el 13 de marzo.
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