18/02/2018 10:03:51La información está contenida en un informe de la perito judicial de la Corte de Apelaciones, María Cecilia Erazo. El documento cuenta con los datos obtenidos de una serie de cuadernos y archivos encontrados en un allanamiento a la asistente social Telma Uribe.Una investigación sobre presuntas adopciones irregulares de menores está llevando adelante el ministro en visita Mario Carroza. La causa se basa entre los años 1973 hasta 1990, donde hay 488 niños y niñas que salieron en ese periodo del país hacia Estados Unidos y Perú. Sin embargo, años antes y algunos después también hubo otros casos sumando 579 en total, consignó La Tercera. La principal protagonista de la historia, hoy en calidad de inculpada, es Telma Uribe, trabajadora social que tenía en su poder un archivo con el pasado de cada uno de estos niños y niñas. Del total, hoy se sabe que 525 los acogieron familias extranjeras, llegando a Estado Unidos 432 y a Perú 27. Todos los documentos fueron incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). En el informe al que accedió el medio, elaborado por María Cecilia Erazo, asistente social y abogada de la UC, que ejerce funciones de perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago aclaró que Telma Uribe tenía colaboradores, como dos médicos, una abogada, una traductora, una secretaria y dos asistentes sociales. EL proceso consistía en que tenían contacto con matrimonios extranjeros y pedían la tuición judicial del niño, lo sacaba de Chile y era adoptado en el extranjero. "En algunos casos (Uribe) sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro", consigna otra parte del informe. CASOS Si bien, Carroza comenzó con pocos casos, las querellas se fueron sumando con el tiempo, como la de Marianne Skoglum, adopata en el extranjero y que a sus 22 años encontró a su madre biológica. La madre, aseguró que un matrimonio le quitó a la pequeña en presencia de una asistente social. En uno de los cuadernos incautados en el allanamiento a la casa de Uribe se confirmó que las madres que entregaron de forma voluntaria a sus hijos e hijas tenían graves problemas económicos. Otras madres asesoras del hogar o incluso patronas que entregaban a los hijos de sus empleadas. El pago, según el peritaje consistía en un mes de sueldo compra de útiles personales, curación de heridas de cesáreas, movilización más un mes de sueldo, ayuda en dinero, pensión completa antes y después del parto, cancelación de deudas de servicios básicos, compra de cama y el pago del 50% del valor de la clínica, agregó La Tercera. 70´S Y 80´S De esta forma la falta de regulación sobre adopciones en esos años habría permitido este tipo de situaciones, y para Carroza es necesario estudiar cómo actuó este proceso en los años 70´s y 80´s. En este sentido en el informe, Cecilia Erazo, precisó que esta falta de control favoreció la generación de "una actividad económica asociada a la materia", que es complejo diferenciar hoy si se trató de "el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre, la que efectivamente se encuentra viviendo en una situación de extrema pobreza". Por lo mismo, ahora cabe investigar según el documento a "mujeres que hayan podido perder a sus hijos en estas condiciones".
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