10/02/2017 15:45:00Además, el gobierno presionó a la Interpol para lanzar una orden de busca y captura internacional en su contra. Está acusado de lavado de activos y tráfico de influencias.Perú ofreció hoy una fuerte recompensa para capturar al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), y presionó a la Interpol para lanzar ya una orden de busca y captura internacional en su contra que permita su regreso al país, en donde cada vez tiene menos amigos para afrontar a la Justicia. Estas fueron las primeras consecuencias de la orden judicial dictada anoche para el encarcelamiento provisional de Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer sus negocios en el país. En un gesto de alto contenido simbólico, el Ministerio del Interior colocó al expresidente en la lista de los delincuentes más buscados y puso una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) para cualquier información que conduzca a su localización y captura. "El Ministerio del Interior puso ya la alerta roja y la oferta de recompensa por 100.000 soles, la más fuerte que hemos puesto desde que estamos en el Gobierno, para cualquier persona de cualquier país del mundo que nos dé información sobre dónde se encuentra Toledo", indicó el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en declaraciones al Canal N de televisión. La intención del ministerio es la de "ubicar hoy" al expresidente, que se encuentra fuera del país, y para ello Perú está presionando a la Interpol para que, "dada la gravedad del caso", se avance en activar la alerta roja internacional. Para que no quedara duda de la voluntad para capturar al exmandatario, la ficha con la foto y el prontuario de Toledo, así como la cuantiosa recompensa en su contra ya figura en la página web del ministerio junto a la de otros criminales prófugos. Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró "histórico" el proceso contra Toledo, al ser "la primera vez que, bajo las normas del debido proceso, se ha investigado a un alto exfuncionario del Estado y se ha culminado con una decisión de prisión preventiva por parte del Poder Judicial". La Justicia peruana consideró anoche que existen evidencias suficientes para arrestar a Toledo y mantenerlo 18 meses en prisión preventiva por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de jugosas dádivas, depositadas en un entramado de empresas "offshore". La captura y encarcelamiento preventivo serían necesarios, según el juez, porque Toledo no tiene arraigo en el Perú - trabaja como investigador en la Universidad de Stanford (EE.UU.) - y no ha demostrado intenciones de regresar al país desde que se conocieron las confesiones de los directivos de Odebrecht, que lo implicaron en los sobornos. De hecho, ahora se estima que Toledo se encuentra en Francia, donde conoció la semana pasada las confesiones de los directivos de Odebrecht, y no regresar al Perú ha sido el consejo de sus abogados. Tanto Heriberto Benítez, un polémico ex diputado que asumió su defensa a mediados de esta semana, como Paolo Aldea, otro abogado que lo representa, y Javier Valle Riestra, su exabogado, han recomendado por distintas razones a Toledo que no regrese al país. "Yo le recomiendo que no venga. No hay garantías dadas para un debido proceso. En estas condiciones no se puede presentar, con un juez que quiere enviarlo a la cárcel violando los derechos humanos", comentó Benítez nada más conocer la decisión del juez. Valle Riestra, por su parte, declaró a la prensa peruana que Toledo debería aprovechar la ascendencia judía de su esposa, Eliane Karp, y refugiarse en Israel, donde consideró que sería más difícil extraditarlo. La prensa peruana también especula que Toledo podría ir a los EE.UU., donde no existe el acuerdo con la Interpol, y donde una hipotética extradición implicaría otros procedimientos legales. La argumentación de una persecución política en contra de Toledo, esgrimida por Benítez, fue desmentida hoy por la ministra de Justicia, Marisol Pérez, quien apuntó que "no existe una persecución política cuando una persona ha tomado la decisión de aceptar un soborno". "Eso no es persecución política. Acá y en la China, eso es asumir las consecuencias de sus actos, así que venga y responda por sus actos", expresó la ministra en declaraciones a la prensa.
