
15/08/2016 9:14:26El fiscal regional de O'higgins, Emiliano Arias, conversó sobre los tres hechos que aparecieron en la causa. Ahora investigan diligencias en pesqueras de la región del Biobío, varias de ellas pertenecientes al grupo Angelini y Asipes.Emiliano Arias es el fiscal regional de O'higgins y uno de los que investiga el caso Corpesca, además de los persecutores Sergio Moya, Ximena Chong y también Pedro Salgado. Comentó que existieron nuevos hechos que llevaron a abrir otras aristas en la causa. En la última semana, la Bridef de la PDI pidió los libros contables en ocho pesqueras de la región del Biobío, algunas de ellas pertenecen al grupo Angelini y también a Asipes. Así, con los nuevos antecedentes se podría involucrar a otras compañías en casos de financiamiento irregular a la política. Entre los hechos están los correos electrónicos enviados entre los representantes de la industria pesquera que reflejan el lobby con parlamentarios cuando se tramitaba la Ley de Pesca. Asimismo, casi todas las compañías vinculadas a asociaciones del norte, centro y sur del país han realizado rectificaciones de impuestos no pagados en 2012 ante el servicio tributario. Finalmente, también deben investigar los pagos recibidos por el diputado Iván Fuentes de pesqueras de Coyhaique, algunos gestionados por el senador Patricio Walker. En ese sentido, Arias señaló que, "en nuestras investigaciones, lo que se debe tener en cuenta es la forma cómo algo se obtiene y si eso es a través de un cohecho. Eso es lo que nos importa, más que el resultado. El cohecho es un acto tan peligroso y tan reprochable, que lo que importa es que se cometa, más allá del resultado". De acuerdo a las primeras diligencias que llevó a cabo la Bridef, el fiscal comentó en entrevista con La Tercera que podrían haber organizaciones del rubro pesquero interesados en mantener algunas normas legales y que se han visto en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses. "Uno entiende que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción". Hasta ahora las compañías de la octava región han colaborado sin problemas. "Hay asesores, hay rectificatorias. Tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos. Ese es el tema", sentenció el fiscal del caso. Arias precisó que hasta ahora no han encontrado boletas presuntamente falsas, pero que están en poceso de análisis para inclinar la balanza hacia hechos que podrían ser constitutivo de delitos. "Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación".
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