Detectives acusados de malversación de caudales públicos y obstrucción a la investigación fueron absueltos

18/12/2016 8:00:00Son 11 funcionarios que habrían cometido los ilícitos en 2014. El Tribunal Oral en lo Penal de Talagante decretó que no se logró acreditar de manera certera la descripción fáctica de los hechos imputados.El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante absolvió a 11 detectives de la PDI, quienes estaban acusados de robo con intimidación, obstrucción a la investigación y malversación de caudales públicos, ilícitos cometidos supuestamente en el año 2014. El Consejo de Defensa del Estado se había querellado contra ellos. Los acusados Gonzalo Montoya Soto, Jonathan Orellana Rodríguez, Rolando Godoy Montenegro, Juan Bernal Sepúlveda, Sebastián Carrasco Zúñiga, Jorge Plaza Ramírez, Fabián Peregin Soto, Carlos Castillo Blanco, Sergio Mena Concha, Héctor Giordano Masoliver y Nicolás Benavente Miranda, finalmente quedaron libres de cargos después de un largo periodo de investigación. Según el Ministerio Público, los acusados eran funcionarios al momento en que se le imputaron los hechos; asimismo se confirmó que participaron en un procedimiento policial en la comuna de El Monte. "Ahí se procedió a incautar parte de una carga de chocolates M&M y otras especies, entre ellas, cajas contenedoras de espejos, relojes y pizarras, no pudiendo acreditarse que se sustrajeran bienes por parte de los imputados, o que aquellos consintieren en que otros los sustrajeran durante la realización del procedimiento policial, conforme a lo imputación deducida por los persecutores", detalló Fiscalía. El fallo del tribunal argumentó que en relación al delito de robo con intimidación incriminado a cada acusado a título de encubridor, "sería incompatible con el delito de malversación de caudales públicos, el tribunal ha concluido que no se lograron acreditar los elementos del tipo penal". La sentencia concluyó que debido a las "insuficiencias, deficiencias y contradicciones destacadas anteriormente, que arrancan de la prueba de cargo, a lo que ha de considerarse lo contrario a la lógica y a toda cuestión razonable, ha resultado imposible formar convicción de los hechos imputados en contra de cada acusado, por lo que no queda sino rechazar las pretensiones punitivas del persecutor y del querellante".