12/04/2017 12:08:00Los hechos ocurrieron en 2005 en la iglesia de La Merced de Chimbarongo. El sacerdote aludido murió en 2012 por las enfermedades. La Congregación Mercenarios acordó una pensión vitalicia de $100 mil con la víctima por su silencio. El Arzobispado de Santiago enfrenta una nueva demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, esto por el presunto delito de abuso sexual de un sacerdote. Fue interpuesta a fines del año pasado en el 10° Juzgado civil de Santiago por O.M.M de 49 años y se notificó al cardenal Ricardo Ezzati Andrello el pasado 31 de enero. Según indicaron en Emol, la demanda bordea los $50 millones y el documento ingresado apunta a un miembro de la Congregación Mercenarios de la Iglesia de la Merced que murió en 2012 después de haber sido diagnosticado con sífilis y sida: Víctor Calderón Soriano. De acuerdo al relato del demandante los hechos ocurrieron en 2005 cuando realizaba trabajos en la iglesia de La Merced de Chimbarongo. Ahí conoció al sacerdote y compartió un café con él, sin embargo afirmó que después el mismo religioso le habría ofrecido unas "piscolistas" y se habría bebido cuatro; luego no se acuerda de nada más. "Creo que fui drogado ya que me sentía bien y de un momento a otro, ya no recordaba nada", dijo. Agregó que despertó sin ropa en la cama de Calderón, solo y con signos de haber sido atacado sexualmente por el sacerdote. Con el paso del tiempo y el apoyo de su familia concretó una denuncia en 2012 ante los superiores de la Congregación Mercedaria. Por petición del padre Ramón Villagrán se hizo una serie de exámenes donde se enteró que padecía de sífilis y sida. Fue ahí cuando le advirtieron que el sacerdote había fallecido a causa de esas enfermedades. "El padre sabía de las enfermedades del cura y por eso insistió en que me controlara", dijo. Frente a ello, le ofrecieron una pensión vitalicia de $100 mil a cambio de su silencio y que no denunciara, además de asistencia sicológica para "reparar el daño que uno de sus miembros había ocasionado". En la demanda se establece que los hechos no están prescritos al haber ocurrido en 2005, pues "la Provincia Mercedaria de Chile renunció a alegar la prescripción pudiendo hacerlo", ya que en 2012 emitieron dos cheques a nombre de la víctima y depositaron los montos comprometidos en su cuenta bancaria. En tanto, el Arzobispado aseguró que "los supuestos hechos que sustentan la acción civil habrían ocurrido hace más de diez años fuera de la Arquidiócesis de Santiago, y el presunto autor de los mismos -ya fallecido- no pertenecía a los sacerdotes de esta arquidiócesis (...) El Arzobispado de Santiago no tiene jurisdicción en el caso".
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