Abogado dijo que decreto que amplía base de datos telefónicos es "inconstitucional"

07/09/2017 12:18:00En entrevista con Digital FM precisó que constituye una vulneración a los derechos fundamentales e impide la libertad de expresión. El decreto amplía a dos años el plazo para que empresas de telefonía guarden registros de llamadas y mensajes.El decreto supremo que amplía a dos años el plazo para que las empresas telefónicas guarden los "metadatos" ya se encuentra en Contraloría. Esto quiere decir que las compañías guardarán los registros de llamadas telefónicas y mensaje de cualquier plataforma que tengan los usuarios. El abogado Pedro Anguita calificó a éste como "inconstitucional" y bastante ambiguo en alguna de las partes. El también doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes, Anguita conversó con Digital FM y dijo que lo que más llama la atención del decreto es que fue sigiloso. "Uno esperaría para esto un debate más amplio, no hubo participación a excepción de las empresas de telefonía involucrada, por lo que puede caer en un decreto inconstitucional (...) Las medidas de este decreto supremo son contrarias a la Constitución", sostuvo. Sin embargo, afirma que si se mira por el lado que órganos como la PDI y Carabineros puedan acceder a la información, no cabe duda que servirá. "Esto sirve actualmente para investigaciones criminales, tráfico de droga y terrorismo. Son medidas que habría que discutir y acordar. El problema es esta suerte de base de datos de todos los chilenos, muy diferente a un requerimiento que haga el Ministerio Público para una causa determinada", indicó. Anguita explicó que con este decreto las empresas de telefonía están obligados a elaborar este registro sin tener un control; "faltó diálogo y deliberación para regular con esa información en determinados momentos". Y agregó que este decreto es sin duda, "una vulneración a los derechos fundamentales. El hecho de saber a quién tú llamas por teléfono, con quién hablas y las veces que lo haces, son cosas que afectan nuestros derechos fundamentales. Las comunicaciones son un hábito, por lo que afecta la libertad de expresión. Si sabemos que recopilan nuestros datos entonces nos podemos autocensurar". El abogado dejó en claro que el decreto tiene relación con los registros, pero no así con los contenidos. Actualmente en intervenciones telefónicas, el Ministerio Público tiene que ser autorizado por un juez en la causa probable si existe sospecha de un crimen. "La redacción del decreto es ambiguo en lo que significa eludir a los organismos que tienen una facultad legal. Eso deja abierto para pensar que otro órgano puede acceder a los datos", precisó.