No va más el "decreto espía" del gobierno

28/11/2017 16:32:34Contralor echazó la medida que pretendía que las compañías telefónicas guardaran los datos de llamadas, WhatsApp y correos electrónicos en caso de que cualquier entidad facultada por ley los pidiera.Actualmente lo que compartimos por el teléfono, como mensajes de texto, llamadas, WhatsApp y correos electrónicos, son guardados por las compañías telefónicas por un año en caso de que el Ministerio Público pidiera el acceso a ellos. Sin embargo, un decreto impulsado por los ministerios del Interior, Transportes y Justicia, quería ampliarlo a dos años y hacer que la información estuviese disponible para cualquier institución facultada por ley para requerirla, sin necesidad de la autorización de un juez. Ese "decreto espía", fue rechazado por varias ONG's y ahora también por el contralor Jorge Bermúdez, cerrando la puerta a que se convierta en ley. Según el documento, el decreto excedía "las normas que del Código Procesal Penal se invocan como fundamento o resultan aplicables", haciendo hincapié además en que las expresiones "toda otra institución" o "autoridad competente", no se ajustan a los "preceptos legales", informó La Segunda. Así, habría que hacer un cambio a nivel legislativo si el gobierno quisiera insistir en el cambio. El senador Felipe Harboe, valoró el rechazo. Junto al senador Hernán Larraín, habían presentado un escrito al contralor, afirmando que la medida iba contra la Constitución política, que garantizaba la privacidad en las comunicaciones. "Este es un gran triunfo ciudadano", señaló el senador Harboe. "Esto es un avance para consolidar la protección de datos personales como un derecho", agregó. Mientras, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, compartió el criterio del ente contralor y recalcó que "cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía". En septiembre el Consejo advirtió que además de recopilar direcciones IP y la ubicación geográfica de las conversaciones telefónicas, el decreto también permitía el almacenamiento de información privada, como las tarjetas de crédito de los usuarios.