11/08/2019 23:03:22Señalaron también que "es hora de que el Estado chileno también se haga cargo de esta situación. Acá ha habido una vulneración de los derechos humanos"La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos condenó con indignación los nuevos detalles revelados en la investigación contra el sacerdote jesuita Renato Poblete y emplazaron al Estado a que tome "riendas" frente a los casos de abusos en la iglesia. Según se supo hoy, de sus 22 mujeres víctimas confirmadas por la investigación del abogado Waldo Bown, Poblete abusó de cuatro menores de edad, entre ellas una niña de tres años, de acuerdo con un reportaje del diario "La Tercera". Es una información "fuerte", dijo Helmut Kramer, vocero de la organización, afirmando que "esta noticia corrió hoy por los grupos de la Red y denunciantes jesuitas, provocando una indignación enorme al saber que esta persona, que este delincuente, no tenía el más mínimo límite frente a nada". En ese marco, acusó que "dentro de la congregación jesuita, durante años, hubo un grupo de ellos que formó claramente un tipo de organización delictual que permitió que muchos hombres y mujeres fuésemos abusados". "Esto es gravísimo, y es hora de que una vez por todas la Justicia chilena deje de mantener esta actitud somnolienta, y tome riendas en el asunto, pero con hechos claro y concretos; y es hora de que el Estado chileno también se haga cargo de esta situación. Acá ha habido una vulneración de los derechos humanos", emplazó. El mismo Kramer es denunciante de abusos de Leonel Ibacache, que recientemente fue expulsado del sacerdocio y de la Compañía de Jesús. En tanto, la indagatoria de Bown estableció también que 15 miembros de la congregación sabían de los intentos de besos y tocaciones y de aparentes relaciones estables que mantuvo el fallecido cura. De ellos, cinco apuntaron a rumores o comentarios de terceros, mientras que dos dijeron haber recibido testimonios directos de las víctimas: uno recibió expresas instrucciones de la víctima para no divulgar la información y el otro, al cura Juan Ochagavía, quien hizo llegar los antecedentes al provincial jesuita de la época, Guillermo Marshall, y a su superior Patricio Cariola, pero no se hizo seguimiento a la denuncia. Para José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza y denunciante de Fernando Karadima, se "podría decir que evidentemente hay situaciones en las que no se reportó", siendo las autoridades de la congregación "responsables de no haberlo reportado acusado y proteger víctimas". Eso, sostuvo, "habla de encubrimiento", lo cual no fue detectado en la investigación de Bown. No obstante, Murillo apuntó que "los encargados de investigar el encubrimiento es la Justicia, el Ministerio Público y los tribunales".
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