02/10/2020 21:08:56El presidente del gremio, José Pérez, acusó una "mala implementación de un beneficio".Esta jornada el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, se refirió a los datos revelados por el SII sobre el Bono Clase Media que indica que habría 437.703 trabajadores dependientes y 37.100 serían funcionarios del Estado que accedieron al beneficio sin cumplir los requisitos. El dirigente manifestó que "viene a confirmar la seguidilla de errores que ha cometido el Gobierno en esta irresponsabilidad de poner primero el pie en el acelerador en el proyecto de ley, y que lo que hace es ratificar que en el diseño y la mala implementación de un beneficio -que efectivamente tiene que estar orientado para la ciudadanía-, hoy día se presta para confusión y una manipulación política de unos sectores que quieren desprestigiar el rol del Estado y de los funcionarios públicos". "nosotros hemos dicho también que hoy día hay una investigación de la propia Contraloría General de la República, que permita ver cuáles son esos aspectos que estamos señalando, que son el déficit del diseño y de los aspectos técnicos que tiene ese sistema que se debutó de una manera acelerada en un proceso inconsulto y que solamente incluso después que fue ley se fueron incorporando algunas modificaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos", añadió. Pérez también aseguró que "hay una responsabilidad política del Gobierno, del ministro de Hacienda y del director del Servicio de Impuestos Internos". En esa misma línea, el timonel de la ANEF complementó que "también hemos anticipado nosotros como Anef responsablemente que para quienes cometieron un error tengan el espacio para para poder revertir aquella situación, pero de una buena forma, de una buena práctica. El diseño de una mala política pública tiene estas consecuencias, cuando son perjudiciales y son apresuradas". "El portal daba espacio para que cada uno pudiera ponderar, conforme a la información que se solicitaba, y en esa línea lo que estamos señalando es que el diseño y la implementación, como lo dijeron las propias asociación de funcionarios, fue apresurado, inconsulto, y por eso es que algunas personas seguramente lo hicieron de manera inconsciente, involuntario, pero no puede ser una amenaza perjudicial a priori, sin haber terminado incluso la información de la propia investigación que está realizando el organismo fiscalizador que es la Contraloría General de la República", explicó. Pérez expresó que "cómo medio millón de trabajadores y trabajadoras se van a concertar para expropiar, para intervenir y favorecerse con recursos públicos. Hay un mal diseño, hay una mala técnica y puesta a la vista de todos". "Lo que corresponde es, si alguien cometió un error involuntario, bueno, tendrá que reintegrar conforme a lo que son los procedimientos y los plazos, lo que nos parece que es correcto, una buena forma", cerró.
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